La diputada tucumana Lidia Ascárate de Juntos por el Cambio explicó el proyecto presentado por el arco opositor pidiendo el juicio político al Ministro de Educación Nicolás Trotta
«La educación es esencial. En este sentido, y por iniciativa de Maxi Ferraro hemos acompañado el pedido de Juicio Político contra el Ministro de Educación de la Nación, Lic. Nicolás Trotta, por mal desempeño en el ejercicio de sus funciones. Estudios de al UNESCO recomiendan frente al aumento sostenido de casos positivos de COVID-19, que las escuelas deben ser lo último en cerrarse debido al impacto que produce dicha decisión en la comunidad pedagógica de los estudiantes. Hace pocos días el ministro ratificaba la importancia de priorizar la presencialidad cuidada, sostener los protocolos vigentes y no avanzar en ninguna instancia que implique relajar los cuidados en el marco del sistema educativo. Horas más tarde ocurría lo contrario». Afirmó la diputada.
«Se había logrado construir consenso con las 24 jurisdicciones por el tema educación, priorizando la presencialidad en las aulas, bajo estricto cumplimiento de los protocolos vigentes permitiendo un regreso alternado y seguro. Pero por decisión del presidente se rompió el acuerdo. Esta manifiesta y grave falta de coordinación entre un presidente y su ministro es una afrenta a millones de personas, niños y niñas que se verán afectados por sus decisiones arbitrarias, intempestivas e irrazonables y contrarias a los acuerdos logrados y la evidencia científica». Explicó Ascárate
La diputada para finalizar dijo que «en la Argentina, la emergencia sanitaria y la falta de pericia de los gobernantes de turno impidió de forma sistemática que los alumnos vuelvan a las aulas. A contramano de muchos países del mundo que mantuvieron las aulas abiertas hasta último momento.Este proyecto propone la respectiva declaración formal, motivada por un conjunto de evidencias e indicadores, y agravada por el inminente cierre de las escuelas, que por acción u omisión del ministro configuran un claro supuesto de mal desempeño de sus funciones.Entendemos que ha dejado de cumplir su responsabilidad primaria de garantizar la responsabilidad indelegable del Estado de asegurar el derecho humano y social a la educación».
