Corría el mes de julio de 2007, y el departamento de Bomberos decidió llevar adelante una inspección de rutina en los despachos del ministerio de Economía de la Nación, que por aquel entonces estaba a cargo de Felisa Miceli. Pocas horas después, se desataría un escándalo nacional que se llevaría puesta a la ministra.
Miceli había llegado al gobierno de Néstor Kirchner de la mano del por entonces jefe de Gabinete y actual presidente de la Nación, Alberto Fernández. Aquella mañana de julio, pocos minutos después de iniciado el operativo, los bomberos anunciaron que habían encontrado una bolsa con 100 mil pesos y 31 mil dólares en el despacho de la ministra. Sin reacción, absorta, Miceli simplemente abandonó el edificio y esperó a que el problema pasara. Pero sólo logró aumentarlo a niveles impensados.
La investigación judicial que encabezaron el fiscal Guillermo Marijuan y Fernando Arrigo demostró que el dinero no tenía justificación alguna. El accionar de la Justicia fue publicitado por el programa de televisión de Jorge Lanata y la condena pública fue tan grande que Miceli, finalmente, presentó su renuncia y desapareció del foco público.
La sentencia del caso Miceli.
Los empleados de la ahora ex ministra, sin embargo, tuvieron que dar explicaciones en la Justicia. Los fiscales pusieron el foco en una joven llamada Mariela Pía Santarelli Goñi, quien era la secretaria privada de Miceli y estaba al tanto de todos los movimientos. Tras largos interrogatorios y una investigación que no se detuvo, se comprobó el encubrimiento de Santarelli, por lo que también fue eyectada del ministerio.
Tras un breve paso junto a Juan Martín Mena, la polémica Santarelli recaló en la TV Pública junto a Rosario Lufrano, quien dio luz verde para su arribo. Pocos meses después, Santarelli se vio involucrada en otro escándalo de corrupción.
Hábil para ganar espacios, Santarelli había logrado posicionar a su marido como gerente periodístico de Radio Nacional, una emisora prácticamente sin oyentes pero que entrega elevados salarios. Firme en su carrera dentro de la TV Pública, quedó a cargo del área de género del canal y fue señalada como responsable de nombrar a Guillermo Siaira, hasta entonces desconocido.
Meses después, sería el propio Siaira, junto a los funcionarios Alejandro De la Torre, Claudio Lamalfa, Ernesto Molinero, Ariel Berliner y Adriana Maestri, eran procesados luego de que se comprobara que habían retirado más de 11.4 millones de pesos en efectivo, guardados en unos bolsos, para la producción de una serie llamada “Los amores prohibidos de Belgrano”. El delito fue “defraudación contra la administración pública”.
Otra vez, corrupción. Otra vez, bolsos con dinero. Otra vez, escándalo y renuncias. Otra vez, Santarelli en el medio, cercana al problema, pero saliendo indemne, impune. Lista para otra aventura. (www.REALPOLITIK.com.ar)
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