El rey emérito de España, Juan Carlos I, consiguió una victoria parcial en su enfrentamiento legal con Corinna Larsen en la justicia británica, específicamente en el Tribunal de Apelación de Inglaterra y Gales, donde se determinó que el rey posee inmunidad en relación a los acontecimientos anteriores a su abdicación en el año 2014, por lo que no puede ser juzgado por la justicia británica.
El emérito de España, “bajo el color de la autoridad” (principio jurídico establecido en precedentes judiciales y alegado por la defensa de Juan Carlos I que dicta que solo puede ser juzgado por el Estado lo realizado por el Estado, en este caso el mismísimo rey), no puede ser juzgado por otro Estado que no sea el actual español. Juan Carlos I habría provocado “estrés y ansiedad” derivada de una conducta definida como acoso a Corinna Larsen.
Larsen presentó un informe médico firmado por el doctor Frank Farnham, el cual alegó: “Depresión de gravedad entre suave y moderada, desorden de ansiedad entre suave y moderado y síntomas que sugieren un desorden de estrés postraumático”, teniendo como victimario a Juan Carlos I. Aún así, el documento no estuvo presentado en la demanda inicial y por ello fue desestimado.
Desde el mes de abril hasta junio de 2012 (el rey no había abdicado hasta 2014), se considera que el general Sanz Roldán, quien presuntamente acosó y amenazó a Larsen mediante el allanamiento de su oficina en Mónaco, diciéndole que en caso de no devolver los 65 millones de euros que el monarca le había dado (de forma presuntamente irrevocable), el general Roldán no podría asegurar su integridad física ni la de sus hijos,
Larsen también manifestó que el rey le había entregado esa cantidad de dinero, no para complacerla, sino para evitar el fisco, y este, mediante espionaje y acosamiento pretendía que se le devolviera el dinero. La decisión de no ajusticiar al rey surge en la sentencia sobre el exdictador chileno Augusto Pinochet, cuando quedó estipulado en ese momento en la jurisdicción británica que ”la inmunidad es la del Estado, y por tanto solo puede ser suprimida por el propio Estado».
Las demandas de Larsen
De acuerdo a las declaraciones de Larsen, Juan Carlos I le causo las mencionadas patologías neurológicas a su persona y es por eso que demanda una orden judicial que le impida al exrey de España comunicarse con ella, seguirla, difamarla o mantenerse a una distancia inferior a 150 metros de ella.
La causa no solo se limita a asegurar la integridad física y de salud mental de Larsen, esta también exige al monarca una suma, que no cuantificó, por los daños y perjuicios, que le provocaron el deterioro de la relación con sus hijos y familiares y la pérdida de muchos clientes millonarios.
